Larrea, Ortiz & Cía | Sociedad de Abogados

State Companies vs Municipal Foundations

Muchas fueron las críticas que Alianza País realizó y sigue realizando a la larga y triste noche neoliberal. Entre las que más recuerdo se encuentra, por una parte,  el “modelo de desarrollo” de Guayaquil y en particular el funcionamiento de las Fundaciones y Corporaciones Municipales; y, por otro, el sistema autonómico que al decir de Senplades se traducía en que los municipios sólo “pedían la carne mas no el hueso”.

Ahora bien, lo que se buscó con estas entidades privadas fue, entre otras cosas, realizar obras o prestar servicios con recursos públicos, liberados del rigor que imponían en su día las leyes de contratación pública. No obstante, como era obvio, esta  situación no podía durar para siempre. Al efecto, no solo Europa se dio cuenta que esta forma de buscar que el Estado se vuelva empresario y eficiente, no era la más acertada, sino también el Ecuador. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas regresó las cosas, en el 2008, a su estado original: las sociedades mercantiles, corporaciones y fundaciones de Derecho privado que cuentan con un capital, patrimonio o con recursos que se le asignen, que esté conformado con el 50% o más de participación estatal, tienen que someter sus procedimientos de contratación pública  a esta Ley.

Pero, una vez las cosas puestas en su sitio, el régimen del Presidente Correa incardina una nueva figura: las empresas públicas, que pese a ser “públicas”, paradójicamente cuentan con una forma de contratación especial. Me explico, según el Art. 34 de la Ley de Empresas Públicas: “En los casos en que las empresas públicas hubieren suscrito contratos o convenios tales como: alianzas estratégicas, asociación, consorcios u otros de naturaleza similar, será el convenio asociativo o contrato el que establezca los procedimientos de contratación y su normativa aplicable”. Este artículo se explica mejor  cuando leemos el Decreto 989 publicado en el R.O. No.  617 del 12 de enero del 2012, a través del cual se promulga el: “Reglamento para contratación de régimen especial para la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico, Ecuador Estratégico EP”. Como dicen los españoles, este reglamento no tiene desperdicio. En los artículos 3 y 4 de este reglamento se instituye la posibilidad de contratar directamente bienes y servicios sin pasar por los procedimientos señalados en la Ley, sino solamente a través de una sencilla invitación.

La pregunta que me hago entonces es: ¿el famoso “modelo de desarrollo” practicado legalmente por mucho gobiernos municipales en el pasado y que fue tan severamente criticado por el Gobierno central, no es una copia exacta de la flexibilización en la contratación pública que hoy gozan legalmente las empresas públicas? Según Gaspar Ariño, existen tres vías a través de las cuales se manifiesta la huida del Derecho Administrativo: a través de las empresas públicas, en segundo lugar, a través de la utilización de formas y régimen jurídico privado para la realización de actividades administrativas; y, en tercer lugar, a través de la privatización del propio Derecho Administrativo. Las dos últimas prácticamente ya no existen en nuestro país, las primeras en cambio emergen jubilosas, casi a diario,  en el Registro Oficial.


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