Larrea, Ortiz & Cía | Sociedad de Abogados

Competencias que ejerce el Registro Civil Municipal son irreversibles

En días pasados, el Presidente de la República ha declarado que si el Registro Civil Municipal sigue incumpliendo con la transferencia de información y archivos al Registro Civil Nacional, el convenio suscrito el 28 de noviembre del 2005 entre el Cabildo porteño y el Gobierno Nacional tendrá que “revertirse”. Respecto de estas declaraciones son necesarias las siguientes puntualizaciones:

Según la disposición general primera del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad): “Los convenios de descentralización de competencias suscritos con anterioridad a este Código, entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, o que hayan entrado en vigencia por vencimiento de los plazos establecidos, mantendrán su vigencia, en el marco de la Constitución y este Código. Estas competencias no podrán ser revertidas. Si existiere contradicción, el Consejo Nacional de Competencias emitirá resolución motivada que disponga los ajustes necesarios, previo acuerdo entre las partes involucradas, para el pleno ejercicio de las competencias descentralizadas, así como el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y los mecanismos de gestión contemplados en el presente Código”.

Dicho en otras palabras, no procede –como equivocadamente se ha sostenido– revertir una competencia que haya sido transferida a un municipio, en virtud de un convenio suscrito con anterioridad al Cootad.

Y, respecto de este tema, hay que ponderar la decisión de los miembros de la Comisión legislativa que se encargaron de redactar este Código y, en especial, de esta disposición general primera, quienes, acogiendo un criterio unánime en la doctrina administrativista –y pese a las presiones existentes–, resolvieron consagrar con fuerza de Ley Orgánica la imposibilidad de revertir una competencia, cuando esta ha sido descentralizada de manera definitiva a un Gobierno Autónomo Descentralizado.

En cambio, lo que sí considero que fue ilegal fue el hecho de que el Registro Civil Nacional haya procedido y siga procediendo a cedular en Guayaquil a las personas que residen en esta ciudad, lo cual está absolutamente prohibido de conformidad con lo establecido en la letra a) del numeral 9.4 del convenio de descentralización de competencias antes reseñado y que se encuentra en plena vigencia.

El argumento que en su momento se sostuvo por parte del Ejecutivo fue –so pretexto del “neoconstitucionalismo”– que el artículo 260 de la Constitución habilitaría al Gobierno central a cedular a los nacidos en Guayaquil, bajo la figura que: “El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos”.

Ciertamente que la Constitución introdujo de manera novedosa la posibilidad de que una competencia pueda ser gestionada de manera concurrente por un nivel de gobierno distinto del que tiene la competencia exclusiva, no obstante, esta norma constitucional estaba, hasta antes de la expedición del Cootad, vacía de contenido, ya que no había una norma de desarrollo que nos explicara cómo se debía gestionar de manera concurrente una competencia.

Fue recién, a raíz de la expedición de este Código, que hoy sabemos que para que opere la gestión concurrente de una competencia debe existir de por medio un convenio que la viabilice e instrumente, el cual por cierto no ha sido suscrito aún.

Es más, si reparamos nuevamente en la lectura de la disposición general primera antes transcrita, podremos apreciar que dice con absoluta claridad que si existiere alguna contradicción en el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos, lo que procede es que el Consejo Nacional de Competencias (CNC) emita una resolución motivada que disponga los ajustes necesarios previo acuerdo entre las partes involucradas, no que se “revierta” la competencia.

En definitiva, desde el punto de vista estrictamente jurídico –así no le guste al Gobierno central– en el Ecuador de hoy es imposible revertir una competencia que haya sido descentralizada de manera definitiva a favor de un municipio. Lo que procede, cuando se conforme el Consejo Nacional de Competencias (CNC), es solicitar a dicho ente que de manera motivada resuelva las posibles contradicciones que existieren en el convenio, pero previo acuerdo entre las partes.

En consecuencia, si el Presidente de la República y el alcalde Nebot no se llegaren a poner de acuerdo, no cabe que el CNC se pronuncie y, por lo tanto, el convenio suscrito entre la Municipalidad de Guayaquil y el Gobierno Nacional seguiría plenamente vigente, lo cual significaría que las cédulas que se emiten por parte del Gobierno en el Registro Civil Nacional serían ilegales.

No obstante, reconozco que la única vía jurídica existente para que las cédulas que emite el Registro Civil Nacional en Guayaquil, a personas residentes en Guayaquil, sean válidas, es que la Corte Constitucional dirima este conflicto de competencias y resuelva que sí procede la concurrencia en la gestión. Esa es la vía que debe escoger el señor Presidente de la República, cualquiera otra atentaría contra la seguridad jurídica y, por ende, contra la democracia.