Larrea, Ortiz & Cía | Sociedad de Abogados

Defendiendo lo Indefendible

El Registro Oficial No 572-S publicado el 10 de noviembre de 2011 contiene el dictamen de la Corte Constitucional No 008-11-DEE-CC, a través del cual, con el voto disidente de los Doctores Hernando Morales y Alfonso Luz Yunes, se declara la constitucionalidad formal y material de la declaratoria de estado de excepción de la Función Judicial. Previo a realizar un breve análisis de este dictamen, es fundamental recordar a los amigos lectores que el Art. 1 del decreto No. 872 decía textualmente lo siguiente: “Declarar el Estado de Excepción en la Función Judicial, a fin de resolver la situación crítica por la que atraviesa y garantizar en debida forma el derecho a la justicia contemplado en la Constitución de la República y prevenir una inminente conmoción interna”.  Ahora bien, es importante establecer si esta causa o motivo consta en la Constitución.  Y resulta que leyéndola nos encontramos con que las únicas causales para decretar un estado de excepción son las establecidas en el Art. 164, esto es:  en  los casos de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna y calamidad pública o desastre natural, es decir, cuando el país se encuentre viviendo –en tiempo presente- algunos de estos hechos.  ¿Qué hace entonces el fallo de mayoría? Pues lo increíble.  Se inventa otras causas para que el Presidente pueda decretar un estado de excepción: “…el estado de excepción pude ser implementado ante la presencia de situaciones apremiantes o graves vulneraciones del orden público, de las cuales se desprenden de manera inminente, atentados en contra de los derechos de los coasociados, estabilidad institucional, la seguridad del Estado y el normal desenvolvimiento de las actividades y convivencia de la ciudadanía…”.  Pero el fallo de mayoría no sólo que se inventa estos  nuevos hechos sino que además fundamenta su decisión diciendo algo realmente grave, que en un Estado democrático sí cabe la injerencia o dependencia entre las distintas funciones del Estado: “Es evidente que los miembros de  cada función deben depender lo menos posible de las otras funciones, sin que ello signifique eliminar la coordinación de las mismas en determinados temas”.  En síntesis: ¿qué fue  lo que quiso decir la Corte Constitucional? Haciendo una lectura integral del dictamen parecería que lo que dijeron fue que no cabe la dependencia o interferencia entre funciones del Estado sino sólo coordinación y relación.  No obstante lo que está escrito es otra cosa y eso causa pánico.  Pero bueno, más allá que se inventan otras causales para decretar estados de excepción,  que parecería que dijeran que en el Ecuador sí existe dependencia entre funciones del Estado  y,  que sostengan que no se excedieron los límites constitucionales, lo rescatable de este dictamen es el voto de minoría. Entre los acertados criterios que se esgrimen algunos son realmente contundentes. El primero de ellos por ejemplo dice: “Si bien en el Decreto que se analiza se dispone notificar la declaratoria del estado de excepción a la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional, cabe destacar que el Ecuador, al ser parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se obligó voluntariamente a cumplir sus disposiciones. El artículo 27 de la referencia convención dispone que al hacer uso de los estados de excepción (que supone la suspensión de derechos), los Estados partes deben “informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de Estados Americanos”, norma que es concordante con el artículo 164 de la Constitución, que dispone que la declaratoria del estado de excepción debe contener las “notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales”, por tanto no se halla (sic) cumplido este requisito formal”.  Si bien es cierto que  esta falta de notificación es un hecho que de por sí constituye una grave violación que ha sido bien anotada por los jueces de minoría,  otro de  los criterios contundentes que  fundamentan la inconstitucionalidad de este decreto, es el siguiente: “En el caso de la Función Judicial, si bien es innegable el represamiento de procesos, así como la falta de jueces titulares, infraestructura y tecnología, ello de ninguna manera constituye una situación “extraordinaria de perturbación” ni “amenaza de gran magnitud al orden público”, ni mucho menos se ha puesto en peligro la estabilidad del Estado.  En consecuencia, no existe la “grave conmoción interna” invocada en el Decreto Ejecutivo No. 872, sino la mera suposición de la hipotética posibilidad de que ellos “podría ocurrir”, lo que contradice el Art. 121 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que exige de modo imperativo: “Que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real ocurrencia”. Al final de su argumentación jurídica,  los Jueces Morales y Luz Yunes dicen que constituye una auténtica falacia pensar que al cabo de 60 días se iba a  restituir  la normalidad de la Función Judicial y que se  contaría con nuevos jueces titulares y además con nueva infraestructura,  totalmente equipada con tecnología de última generación y que,  a consecuencia de todo esto, se acabaría el represamiento de las causas judiciales.

No deja de ser indignante como una mayoría de la Corte Constitucional frente a un hecho de tanta  trascendencia, haya esgrimido tan pobres y forzados argumentos para defender lo indefendible. No obstante reconforta saber que existen jueces que no cohonestan con su voto posturas jurídicas vergonzosas.

Andrés Ortiz Herbener