Larrea, Ortiz & Cía | Sociedad de Abogados

Senplades, el derecho a la ciudad y las plusvalías

En palabras de Charlotte Mathivet el término derecho a la ciudad apareció en 1968 cuando el francés Henri Lefebvre ya fallecido (filósofo marxista que militó en el partido comunista) escribió su libro “El derecho a la ciudad”, en el que destacaba la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital. La propuesta política de este filósofo se sintetiza en “rescatar el hombre como elemento principal, protagonista de la ciudad que él mismo ha construido”, instaurar la posibilidad del “buen vivir” para todos, y hacer de la ciudad “el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva”.

Este nuevo derecho por cierto ha sido acuñado por algunas constituciones como la ecuatoriana y la boliviana, en base a todo un desarrollo normativo internacional como la carta mundial del derecho la ciudad o la carta europea de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad. Sin embargo, bajo esta bandera citadina parecería que se esconden otros intereses.

Esto lo sustento en que otro de los ídolos de los senpladinos es el geógrafo inglés David Harvey, quien sin ambages se autodenomina el “urbanista rojo”. Según una entrevista recogida en el diario español El País, Harvey es uno de los mayores exponentes de la geografía radical, que parte del análisis del urbanismo a través de la teoría del materialismo histórico de Marx. "Utilizo la teoría de Marx y soy muy crítico con el capitalismo. Dicen que cuando los liberales europeos llegan a este país toman dos direcciones opuestas: o van hacia la extrema derecha o hacia la extrema izquierda. Yo me fui a la extrema izquierda".

Como se puede apreciar, esto del derecho a la ciudad no ha sido algo que se le ocurrió la semana pasada a Alianza País o al gobierno. Tiene todo un fundamento doctrinario y filosófico que está encontrando su máxima realización en nuestro país, a través del borrador de la Ley de ordenamiento territorial y usos de suelo (LOTYUS) cuando se puede leer que: “El derecho a la ciudad incluye una variedad de facetas, entre las que tenemos el uso de los espacios colectivos de la ciudad en condiciones de igualdad y justicia y su configuración como un proceso colectivo y participativo que en última instancia genera una serie de limitaciones a la propiedad privada en orden a garantizar su función social y ambiental”.

¿Y cómo pretende Senplades obtener que se cristalice este nuevo derecho? Al parecer, entre otros mecanismos, gravando a los inmuebles con tres nuevos tributos.

Una nueva contribución especial de mejoras ya aprobada en primer debate (reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica) que se cobrará por la revalorización de bienes inmuebles producto de la ejecución de obras públicas por parte de la administración pública central; uno denominado “captura de la plusvalía”, que se encuentra recogido en los artículos 69, 70 y 71 de la LOTYUS también aprobada ya en primer debate y un último, introducido en una reforma al COOTAD con el cual se pretende castigar con el 75% a la ganancia extraordinaria que se ocasionaría en la transferencia de un inmueble luego de una serie de deducciones que se pueden aplicar antes de la imposición de esta tarifa.

Pero esto carga tributaria excesiva a un bien inmueble urbano, que se suma a los ya existentes como el impuesto a la transferencia de bienes inmueble cuya tarifa es del 10%, la contribución especial de mejoras que cobra cada municipio por las obras públicas que realiza dentro del cantón y la plusvalía establecida en el Art. 561 del COOTAD), tampoco es una creación de la revolución ciudadana. Como nos dice el propio David Harvey, esta exageración de tributos vendría sustentada por un economista francés llamado Thomas Piketty que en el 2013 revolucionó el mundo con su obra: “El capital en el siglo XXI”, en el cual recomienda la imposición de impuestos progresivos y de un impuesto global sobre la riqueza como la única forma de contrarrestar las tendencias hacia la creación de una forma de capitalismo “patrimonial” marcada por lo que califica como desigualdades de riqueza y renta aterradoras.

Lo paradójico es que estos dos gurús del correísmo se contradicen ya que según Harvey: “Hay muchas cosas valiosas en los datos ofrecidos por Piketty”, sin embargo “sus propuestas para remediar dichas desigualdades son inocentes, si no utópicas. Y ciertamente, no ha ideado un modelo que explique el capital del siglo XXI. Para ello, todavía necesitamos a un Marx, o a su equivalente actual”.

¿Si cobrar más impuestos para conseguir que se materialice el derecho a la ciudad y el buen vivir es una inocentada por decir lo menos, no se deriva de todo este análisis que lo prudente sería archivar estos proyectos de forma definitiva (herencias, plusvalía y ordenamiento territorial) y comenzar a discutir seriamente qué país y qué ciudades queremos pero sin Marx como paradigma a seguir?